Waldo Santelices I
El Ecuador ha sido estremecido por escándalos de corrupción en la contratación de obras públicas, mediante sobornos, peculado, tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de activos, y todo ello con la complicidad o negligencia de las autoridades de control y persecución del Estado. Ante la alarma social, el ejecutivo propone un referéndum que incluye una pregunta y reformas legales que apuntan a combatir el fenómeno de la corrupción a través de mayores sanciones; a través de un análisis crítico, se determina que las reformas son insuficientes y, algunas de ellas, atentan contra la normativa nacional e internacional.
Palabras clave: corrupción; sanciones; comiso; sistémica; administración pública; inhabilitación; pérdida de derechos.
Abstract:
Ecuador has been shaken by corruption scandals in the contracting of public works, through bribes, embezzlement, influence trafficking, organized crime, money laundering, all with the complicity or negligence of the authorities of control and prosecution of the State. Before the social alarm, the executive power proposes a referendum that includes a question and legal reforms that aim to fight the phenomenon of corruption through greater sanctions; through a critical analysis, it is determined that the reforms are not sufficient and, some of them, violate national and international regulations.
Key words: corruption; punishment; seizure; systematic; public administration; disqualification; loss of rights.
Introducción
Mediante los decretos ejecutivos No. 229 y No. 230, publicados en el Registro Oficial Supl. No. 133 de 4 de diciembre del 2017, el Presidente Lenín Moreno Garcés convocó a referéndum y consulta popular. En total, siete preguntas, más la enunciación de sus respectivos fundamentos y anexos, en asuntos que van desde la lucha contra la corrupción hasta la protección del medio ambiente, pasando por la reelección indefinida, conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otros temas.
El contexto del referéndum y consulta popular es un clima ciudadano de profundo rechazo a los hechos de corrupción cometidos en los últimos años, especialmente aquellos relacionados con los casos de Odebrecht y Petroecuador, en los que se ha enjuiciado por corrupción en la contratación pública a altos funcionarios públicos, entre ellos al Vicepresidente de la República, varios ex Ministros, Contralor General del Estado y otros funcionarios de alto rango, pero también a empresas y empresarios privados, tanto nacionales como extranjeros; es decir, una corrupción “sistémica” en el sector de la construcción de obras en sectores estratégicos, en donde la ilegalidad se transforma en algo normal, con la complicidad y tolerancia gubernamental, desembocando en la existencia de una cleptocracia (Orrego, 2000, p. 6).