Lisa Abcarius Racines – NJ 150
En la doctrina, el concepto de derecho penal económico ha resultado innovador, gracias a la expansión del derecho penal como tal. Por otro lado, el derecho administrativo sancionador ha tomado fuerza al momento de sancionar actos de corrupción en esta esfera. Por este motivo, es común que estas instituciones sean confundidas o aplicadas de modo conjunto. Es por esto, que cabe realizar una determinación de sus características para llegar a un conocimiento sobre sus similitudes, diferencias e inclusive cómo se realiza su aplicación práctica.
DERECHO PENAL ECONÓMICO
Para iniciar, se analizará lo que implica el derecho penal económico. La doctrina ha generado dos conceptos distintos:
El derecho penal en sentido estricto, que regula todas aquellas infracciones que de cierta forma afectan la intervención del Estado en la economía, o la regulación del Estado en ella. En países como Alemania, por ejemplo, todos estos delitos pertenecen a una sola rama del derecho que es el derecho penal administrativo sancionador, es decir, ambas materias son combinadas, generando una estrecha relación.
Un ejemplo de delito recogido en el marco estricto de derecho penal económico es la defraudación tributaria, tipificada en el artículo 289 del Código Orgánico Integral Penal, o evasión de impuestos, como se ha denominado en varias legislaciones ajenas a la ecuatoriana, donde el Estado ha instaurado una relación de intervencionismo con la economía, al fijar un tributo determinado a cumplir un fin social y su obligación de regulación. Cuando el ciudadano lo evade, interrumpe claramente esta relación, y por lo tanto su conducta se encuadra en esta definición.
El derecho penal económico en sentido amplio, que a más de englobar a la definición de derecho penal económico en sentido estricto, previamente revisada, se incluyen delitos que, sin afectar necesariamente la intervención del Estado en la economía, pueden tener una afectación, inclusive indirecta en el patrimonio de ciertos sectores o grupos, como por ejemplo, los delitos de propiedad industrial, de propiedad intelectual, contra la libre competencia, que si bien no están profundamente regulados en Ecuador, existen en otras legislaciones, como la española. Si bien estos no afectan a la administración pública per sé, sí lo hacen a un sector de la economía, y por ende se incorporan dentro del derecho penal económico.
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